PSOE y Unidas Podemos pusieron fin a uno de los episodios más tortuosos de la historia del Gobierno de coalición: la negociación de la ley de Vivienda. Casi nueve meses después de empezar oficialmente las conversaciones, y con varios cadáveres políticos a las espaldas del proceso (Ábalos y Pablo Iglesias entre ellos), ambas formaciones llegaron a un acuerdo para sacar adelante una norma que revolucionará el mercado del alquiler.
Es decir, el impacto de la norma es limitado. El Ejecutivo contempla una moratoria de 18 meses para que las comunidades apliquen estos controles de precios una vez aprobada la ley estatal, cosa que no será hasta finales de 2022. En estos 18 meses se complementará el índice de precios de alquiler con otros datos más actualizado que marcarán las zonas tensionadas en las que se podrán imponen estos límites.
Además, solo se aplicarán los topes en las autonomías que así lo deseen y tengan zonas tensionadas. Regiones como Madrid ya comunicaron su completa oposición a la intervención. Los fondos internacionales están muy atentos al desenlace de la ley y contemplan suspender inversiones si es demasiado agresiva, lo que llevó a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a oponerse a los controles del alquiler.
Para los pequeños propietarios no habrá controles, sino incentivos fiscales. Los caseros que bajen los precios respecto al anterior contrato gozarán de bonificaciones en el IRPF de hasta el 90% de las rentas. Eso sí, no podrán subir los precios.
El proyecto contempla asimismo la opción de que los ayuntamientos impongan un recargo del 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a los pisos que permanezcan desocupados. Para ello, la norma delimitará lo que se considera una vivienda vacía. Por vivienda vacia, no se considerara aquellas que sean consideradas como segundas residencias, solo habilitarán este recargo para los propietarios de más de cuatro viviendas que mantengan deshabitadas al menos dos de ellas por un periodo de dos años o más. Una vez habilitado este castigo fiscal serán los ayuntamientos los que decidirán si imponer este recargo.
Otro de los ejes sobre los que pivotará la ley será el fomento del alquiler social. Como ya hizo Cataluña, el Gobierno obligará a que todas las promociones destinen al menos el 30% de sus inmuebles a viviendas protegidas. Y de estas, la mitad serán pisos sociales.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguró tras el Consejo de Ministros de ayer que «todavía no hay fecha para aprobar la ley de Vivienda». Además, Bolaños refirió a la futura normativa como «una ley muy ambiciosa» que será «esencial» para garantizar el derecho a la vivienda entre «la gente que tiene mas dificultades». El objetivo del Gobierno es llevar la norma a Consejo de Ministros antes de que finalice el año.
El Ejecutivo ultima, además de esta ley, medidas específicas para los jóvenes que se quieran independizar. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que aprobará un bono vivienda de 250 euros mensuales para los menores de 35 años que quieran independizarse y cobren menos de 23.725 euros anuales. «Vamos a destinar una política pública a reducir la edad de emancipación» remarcó el presidente. Eso sí, la medida, que emula el cheque vivienda puesto en marcha por Zapatero en 2010, no estará incluida en la ley de Vivienda, sino que se recogerá en los Presupuestos para 2022, que se aprobarán este jueves.
Fuente ABC
