La Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda inicia su trámite parlamentario en el Congreso de los Diputados con su primera votación. PP y Cs, PNV, PDECat y Junts presentarán enmiendas a la totalidad de la ley y ERC defenderá un texto alternativo.

La norma es amplia y abarca medidas tan importantes como la posibilidad de que las autonomías declaren zonas tensionadas para limitar el precio de los alquileres o la capacidad de los ayuntamientos para gravar las casas vacías. Además, blinda la vivienda pública para que no pueda ser enajenada.

La norma modifica la bonificación que ahora tienen los caseros, que es del 60%”. Los inquilinos también se verán afectados directamente, ya que si están dentro de un área tensionada podrán pedir una prórroga extraordinaria del contrato por tres años más. Pero todas estas medidas serán aplicadas por las comunidades autónomas y los ayuntamientos por lo que la ley no será efectiva en gran parte del territorio, un tema que no ha gustado ni a asociaciones civiles ni al Sindicato de Inquilinos.

El sector inmobiliario tampoco ha aplaudido la norma. Joan Clos, presidente de la Asociación de propietarios de viviendas en alquiler (ASVAL), cree que la ley no ofrece suficientes garantías para dinamizar el mercado del alquiler: “Un 23% del total de la vivienda en España se destina al alquiler, en Europa es el doble. Así que es fundamental motivar más a los propietarios para que alquilen las viviendas, la ley se queda corta”.

A quien afecta,