El Ejecutivo aplaza a la próxima legislatura los límites al alquiler para grandes caseros. España se encamina hacia la regulación de los alquileres con la futura ley estatal de vivienda, pero antes necesita una herramienta que todavía no tiene. Ese es el análisis que hace el Gobierno, que asume que el actual índice de precios que puso en marcha el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2020 no sirve como referencia para establecer límites de renta a grandes propietarios. La futura norma dará un plazo de 18 meses desde su entrada en vigor para que dé tiempo a montar ese sistema, lo que significa que la medida más controvertida de la norma quedará aplazada de facto hasta la próxima legislatura.
Para poder establecer estos topes, que afectarán solo a las personas jurídicas que sean propietarias de más de 10 viviendas, la idea es construir una estadística que se actualice de manera más ágil que la actual y resulte “eficaz” para saber lo que pasa en el mercado.
El escenario más optimista sería que la norma echase a andar en julio de 2022, lo que retrasaría la aplicación de la regulación de alquileres a los grandes caseros como mínimo hasta 2024, un escenario que apunta a otra legislatura. Entre tanto, eso sí, podría iniciarse la tramitación de las áreas de precios tensionados, donde sí habría, sin distinción de propietarios, una congelación de precios. No obstante, en los sindicatos de inquilinos existe la sensación de que, tal y como se plantea, esas tramitaciones ya serán un procedimiento largo, por lo que difícilmente podrían declararse este tipo de áreas hasta entrado 2023.
Ese trámite, que se iniciará a instancia de las comunidades y deberá ser validado por la Administración central, podrá justificarse con otros datos del mercado inmobiliario para justificar que los precios de vivienda han subido más de cinco puntos por encima del IPC autonómico en cinco años y que el peso de los gastos de vivienda para los inquilinos son excesivos (más de un 30% de los ingresos). Pero el futuro índice sí resulta fundamental para establecer la renta máxima que podrán pedir las empresas propietarias de más de 10 viviendas en un área tensionada.
Fuente Abc
