Entre las medidas para paliar los efectos económicos de la crisis desatada por la guerra en Ucrania y el incremento de la inflación desde el pasado verano, el Gobierno estudia congelar temporalmente la cláusula de los contratos de alquiler de vivienda que permite a los caseros actualizar las rentas conforme al IPC. Es una de las medidas que el Ejecutivo tiene sobre la mesa para hacer frente a la escalada de la inflación, que cerró el mes de febrero con un avance anual del 7,6% y amenaza con seguir batiendo récords al menos durante marzo. Según prevén analistas como Funcas, el indicador se situará este mes en el 8,6%.
Desde el año 2015 los propietarios pueden incluir en sus contratos la posibilidad de que las rentas se actualicen anualmente conforme a la inflación. Así, por ejemplo, un alquiler firmado en marzo de 2021 podría referenciarse un ejercicio después al IPC de febrero de 2022, el último dato oficial publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, con la subida del 7,6% registrada en febrero, un alquiler medio de 800 euros se habría incrementado en marzo en poco más de 60 euros mensuales, unos 729 euros de más al terminar el año.
La actualización de las rentas conforme a la inflación tiene una serie de reglas. Por lo pronto, no todos los alquileres funcionan bajo el mismo patrón.
De manera general, en los contratos firmados antes del 31 de marzo de 2015, cuando se hizo la última gran reforma, el propietario tiene derecho por ley a actualizar las rentas conforme a la subida de los precios al año de la firma entre arrendador y arrendatario. Sin embargo, los caseros que hayan cerrado el contrato a partir de abril de 2015, que a día de hoy son la mayoría, solo podrán actualizar la renta si así queda reflejado en el documento.
En ambos casos, el arrendatario tiene que recibir una comunicación oficial por parte del arrendador. Con la modificación de 2015, el legislador también introdujo la posibilidad de que las partes pacten el sistema de actualización que estimen oportuno, aunque esta opción, según explican fuentes especializadas, suele ser desconocida, por lo que la mayoría de contratos están referenciados al IPC.
En materia de vivienda, además de esta congelación de la actualización de las rentas durante este año, proponen la prórroga del decreto antidesahucios aprobado en 2020 a consecuencia de la pandemia, incluyendo además la prórroga de los alquileres mientras dure esta situación.
Los sindicatos también han propuesto al Gobierno que esta sea una de las medidas para minimizar el impacto de la subida de la inflación en las familias, según confirman desde Comisiones Obreras.
