Con la entrada en 2022, llegan nuevas ayudas para los ciudadanos españoles, así como la renovación de otras prestaciones que ya se venían dando. Una de ellas, es el bono joven del alquiler, en el que el Gobierno aprobará en las próximas semanas con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
El Ejecutivo tenía previsto que esta ayuda al alquiler de 250 euros mensuales estuviera vigente desde el comienzo del año, sin embargo, todavía última detalles sobre su aplicación.
Los beneficiarios que podrán solicitar esta ayuda deberán ser jóvenes de entre 18 y 35 años, y con un contrato de trabajo que no le genere más de 23.725 euros anuales. Además, el bono se aplicará a cada joven y no a cada vivienda. En los casos de las familias más vulnerables, este bono joven podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de la renta. La partida para el bono joven del alquiler, de 200 millones de euros, está contemplada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022.
El Ejecutivo quiere limitar el alcance la ayuda. Por eso, pretende que aquellos jóvenes que paguen un alquiler alto no puedan optar a la ayuda. Es decir, para obtener el bono vivienda de 250 euros mensuales no solo hará falta tener unos ingresos bajos, sino también acreditar que se está pagando un alquiler determinado, cuyo límite aún no se ha definido. El importe de la ayuda no podrá sobrepasar el precio que el joven paga de alquiler.
La tramitación del bono joven para el alquiler se realizará vía decreto ley para luego transferir los fondos a las comunidades autónomas, que serán las que repartan las ayudas. En principio, el Gobierno fijará una horquilla determinada y serán las comunidades autónomas -que se encargarán de gestionar los fondos y la ayuda- las que establecerán los topes definitivos.
LEY DE VIVIENDA
El Gobierno también confía en llevar próximamente al Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley de Vivienda. La intención era que estuviese en el último Consejo de Ministros del año, el pasado 28 de diciembre, pero finalmente no fue así. Eso se debió a que se está a la espera de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emita su informe preceptivo al respecto.
El Consejo aprobó el anteproyecto en primera lectura el 26 de octubre y un día después se inició el trámite de audiencia e información pública, que finalizó el 18 de noviembre de 2021.
Durante ese trámite se presentaron 90 alegaciones en tiempo y forma por diferentes instituciones, entidades y particulares, según informaron fuentes del Ministerio. Esas alegaciones se analizaron entre el 18 y el 28 de noviembre, para remitirse el 29 de ese mes a los Departamentos Ministeriales para su informe.
El texto del Ejecutivo recoge la regulación del precio del alquiler en zonas de mercado tensionadas, bonificaciones para incentivar que pequeños propietarios bajen las rentas a los inquilinos y medidas para fomentar el parque público de vivienda, entre otras medidas.
No obstante, no se prevé que se apruebe la Ley de Vivienda, con su tramitación parlamentaria, hasta el segundo semestre de 2022
