La Iniciativa por una Ley que Garantice el Derecho a la Vivienda publicó las 60 enmiendas que presentará al proyecto de ley de vivienda que presentó el Gobierno. Para ello, representantes de este movimiento que agrupa a unas 150 organizaciones sociales.
La iniciativa plantea 60 enmiendas con cambios de calado. Una de las enmiendas pide, por ejemplo, que la actualización de las rentas se vincule para siempre al Índice de Garantía de Competitividad. Esta es una medida que el Ejecutivo acaba de aprobar temporalmente en el plan de choque económico por la guerra de Ucrania y que impide que los alquileres, cuando se revisan en cada anualidad dentro del mismo contrato, suban más de un 2%. Pero se reclaman muchos más cambios en relación con la regulación de los arrendamientos, como una extensión mínima de siete años cuando el casero es un particular y de 12 años si es una empresa (frente a los cinco y siete años, respectivamente, que contempla ahora la ley). Proponen, además, que incluso al acabar el contrato el propietario no pueda echar al inquilino sin causa justificada. Y que las prórrogas, en lugar de hacerse anualmente, se hagan también durante otros siete o 12 años.
Sobre la futura norma y una de las medidas que más controversia han provocado, la regulación de precios de los alquileres, piden un mecanismo más sencillo para declarar un área como tensionada. También que los ayuntamientos puedan llevar a cabo esa declaración (el texto del Gobierno solo lo contempla para las comunidades autónomas, y que en las mismas las bajadas de precio obligatorias afecten a todos los caseros, y no solo a las empresas propietarias de más de 10 viviendas.
Pero los alquileres son solo uno de los seis ejes básicos en los que piden intervenir a través de esas 60 enmiendas. Reclaman, además, la garantía de la vivienda como un derecho subjetivo, el fortalecimiento de los parques públicos de pisos de alquiler, nuevas normas que impidan los desahucios de familias vulnerables, nuevas regulaciones hipotecarias y medidas sobre los suministros básicos. Estos grandes bloques se concretan en medidas como la prohibición de cortar el gas, la luz o el agua a las familias vulnerables, la supresión de los beneficios fiscales a las socimis (empresas cotizadas cuyo negocio es arrendar cualquier tipo de inmueble) o la obligación a los bancos y grandes propietarios de ofrecer alquileres sociales.
