El Gobierno, se compromete a regular el precio de los alquileres, a fomentar las viviendas sociales y recoge un plan estatal para la rehabilitación. Entre las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado, entre las que podemos destacar:
- Medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado. Se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica. Se tomarán en cuenta los avances de aquellas comunidades autónomas que tengan definido un sistema Referencia de Precios del Alquiler, agilizando los mecanismos que hagan posible su puesta en marcha.
- Los Ayuntamientos, que así lo consideren podrán declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda.
- El objetivo de los índices de referencia mencionado en los párrafos anteriores es que los ayuntamientos y/o comunidades autónomas que así lo consideren puedan regular las subidas abusivas del precio del alquiler en las zonas previamente declaradas tensionadas y a la vez evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler.
- Se impulsarán medidas para asegurar el realojo inmediato en determinadas condiciones de las personas inquilinas que no puedan hacer frente a la renta por carecer de recursos económicos o por situaciones de vulnerabilidad.
- Se fomentará el alquiler social para las personas que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional. Se estudiarán obligaciones adicionales para los grandes tenedores de vivienda.
- Se establecerá un informe obligatorio a los servicios de bienestar social en caso de desahucio para que las administraciones puedan ayudar a las familias afectadas con el fin de garantizar una alternativa habitacional.
- Uso social de la vivienda y parque público. Se establecerá un marco legal que defina los conceptos de “vivienda vacía” y “gran tenedor de vivienda” y ponga a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas para su detección y diagnóstico. Asimismo, se definirá una política específica en esta materia, que permita establecer en los distintos supuestos del fenómeno (inhabitabilidad, grandes tenedores, inseguridad para su alquiler, etc.) las medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizar vivienda vacía, en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables.
Se elaborará un Plan de actuación de SAREB para garantizar la firma de convenios con comunidades autónomas y ayuntamientos que impulsen la utilización de viviendas para alquileres sociales.
Se determinará el carácter social de la vivienda de protección pública común a normativa que garantice su explotación únicamente para alquiler de personas vulnerables, evitando que sean vendidas o explotadas por fondos buitre.
Movilizaremos suelo público para vivienda en alquiler social o asequible, con instrumentos financieros a través del ICO y el BEI para la promoción de viviendas en alquiler de los principales agentes (promotores públicos y privados, cooperativas y economía social entre otros) y estimularemos la oferta privada en alquiler.
- Reorientación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para impulsar el alquiler asequible y la rehabilitación en coordinación con las comunidades autónomas, con el objetivo de configurar un parque de vivienda social o sujeta a protección, al servicio de las políticas públicas de vivienda.
Se facilitará una línea de financiación para que las comunidades autónomas que así lo han regulado puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto en las transmisiones de viviendas adquiridas.
- Medidas de agilización de trámites de concesión de licencias.
Medidas en materia de información y transparencia para dar seguimiento a la información sobre oferta de vivienda en alquiler (precios, disponibilidad de vivienda social o situación del parque de viviendas), así como de la demanda (situación socio-económica de los hogares, registros de demandantes o dinámicas demográficas).
Se suscribirán convenios bilaterales con ciudades donde se dan situaciones de mercado tensionado que permitan hacer frente a las necesidades específicas en materia de vivienda. En dichos Convenios se establecerán las obligaciones de las partes firmantes.
- Protección a las personas hipotecadas. Impulsaremos nuevas medidas de carácter normativo que refuercen la protección de las personas hipotecadas, la transparencia de las condiciones de contratación y de sus implicaciones económicas y jurídicas.
El procedimiento de ejecución hipotecaria deberá garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario, de acuerdo con lo que establece la normativa europea.
Se impulsarán los mecanismos para la reestructuración viable de las deudas hipotecarias sobre la vivienda habitual de los deudores de buena fe en situación de vulnerabilidad.
Se reforzará la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales en caso de ejecución hipotecaria para evitar las situaciones de desamparo y exclusión residencial.
Para favorecer la promoción y el uso de vivienda de alquiler social, también vamos a movilizar el suelo público que se encuentre disponible.
Se potenciará el Observatorio de la vivienda con el objetivo de investigar y analizar la situación de la vivienda en España (parque de alquiler privado, vivienda vacía, necesidades habitacionales, situaciones de riesgos de exclusión residencial, etc.), y que permita una auditoría pública de la oferta y calidad de las viviendas públicas.
