Tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, la dinámica que tomó el relevo no fue mucho mejor: alquileres abusivos. Pruebas de ello son los datos recogidos, en los cuales se contrasta que el precio del alquiler ha alcanzado y superado todo límite establecido con anterioridad. Lejos quedan los máximos establecidos en 2007, cuando la crisis comenzó a dejarse ver y las hipotecas cayeron en picado. Los alquileres no han parado su ascenso hacia la cúspide, lo que ha provocado que cada vez sea más complicado encontrar un piso que se ajuste al bolsillo medio y las afueras de las ciudades comiencen a ser auténticas vías de escape.
Mucho se podría especular sobre las causas que han propiciado esta situación, por qué se ha llegado hasta este punto o cómo ha sido posible llegar hasta este punto sin que ninguna ley lo evitara. Son muchos los casos en los que se señala a la gentrificación como una de las causas claves. La gentrificación, esa palabra tan de moda actualmente, se refiere a una dinámica común a todos los centros urbanos de las grandes ciudades del mundo y, en menor medida, a las ciudades más pequeñas. Por tanto, consiste en la transformación de una zona urbana y residencial deteriorada en un lugar atractivo y cool, lo que provoca oleadas de mudanzas. Una de las muchas consecuencias que acarrea será la subida del alquiler.
Pero como ya hemos dicho, los motivos son diversos y proclives a la especulación. Ya que otro de los motivos, también muy actual, es el aumento del turismo. En ciudades como Barcelona, la gran afluencia de visitantes está provocando que cada vez sean más las viviendas destinadas a alquileres vacacionales, lo que obliga a los vecinos a cambiar su residencia e incrementar hasta niveles estratosféricos los precios de las zonas más deseadas.
Nueva regulación respecto a los alquileres abusivos
Fuera como fuera, lo que está claro es que resulta necesario limitar este incremento, para garantizar el acceso a una vivienda digna por parte de cualquier persona. El primero en plantear medidas reguladoras en este campo fue, obviamente, el Ayuntamiento de Barcelona, ante la oleada de movimientos vecinales que surgieron. A través de la creación de diversos órganos municipales reguladores, movilizando al alquiler de pisos vacíos, ofreciendo ayudas económicas, generando una bolsa pública, etcétera. Pero es que, en la actualidad, ya no solo Barcelona goza de esta posibilidad, sino que el Congreso ha aprobado la posibilidad de que cualquier ayuntamiento del Estado pueda intervenir de forma activa ante los incrementos abusivos del precio, así como apoyar la creación de parques de vivienda públicos. De esta manera, también se consigue un mayor seguro de cobro del alquiler, pues facilita el proceso al arrendatario y supone una garantía de buen hacer para el arrendador. Asimismo, esta iniciativa aprobada por el Congreso asume incluir en el plan habitacional futuro ayudas al alquiler para los más jóvenes e impulsar a los propietarios a ofrecer un alquiler justo.
En definitiva, la especulación en torno al precio y los alquileres abusivos no benefician a ninguna de las dos partes, arrendatario y arrendador.
